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El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer por la decisión de la ONU de institucionalizarlo 1975, conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Con motivo de este día, hablamos con Neus Pujal, Fiscal Jefe del Área de Sabadell y experta en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Pregunta (P): Aunque nuestra sociedad ha avanzado, no es habitual encontrar una figura como la suya: mujer, fiscal y experta en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Después de una década en este cargo, como ve la situación de los derechos de las mujeres en general y de las mujeres con discapacidad en particular?

Neus Pujal (N.P.): Quisiera empezar diciendo que en el ámbito de la judicatura no es extraño encontrar mujeres con mi perfil. Pero tengo que reconocer que somos un colectivo privilegiado. No todas las mujeres tienen la posibilidad de poder dedicarse a lo que les gusta, ni tienen la oportunidad de encontrar un trabajo que las haga independientes, primero de la familia, después del marido o compañero y posteriormente que puedan compatibilizar el trabajo con la maternidad después (aunque con dificultades), u otras cargas familiares. Empecé a especializarse en la protección de los derechos de las personas con discapacidad en 2010, a raíz de la aplicación de la Convención de Nueva York en España, que fue a partir de 2008, pero al principio costó.

Sobre los derechos de las mujeres queda, sin embargo, mucho por hacer, para avanzar. En general, las mujeres tienen muchísima más dificultad para acceder en condiciones de igualdad a los puestos de trabajo, servicios y, en definitiva, a los derechos. Si a esto le sumamos la existencia de cualquier tipo de discapacidad, la dificultad es mucho mayor.

Las mujeres con discapacidad, presentan una doble vulnerabilidad: brecha salarial y techo de cristal (acceso a cargos de responsabilidad) respecto a los hombres. Por lo tanto, tienen que superar barreras a veces infranqueables. Algunas lo consiguen y llegan a ocupar cargos de responsabilidad, tenemos el ejemplo de una concejala en el Ayuntamiento de Valladolid, Ángela Bachiller, con síndrome de Down, que era auxiliar administrativa del Ayuntamiento de Valladolid y en 2013 consiguió ser concejala de este Ayuntamiento. Pero, si las citamos individualmente, es porque son una minoría.

(P): Este año, el 8 de marzo se celebra bajo el lema 'Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres'. ¿Qué retos tenemos delante las mujeres para acabar con la brecha que nos separa de la igualdad y la justicia?

(N.P.): Hay importantes retos. La discriminación tiene muchas facetas y hay muchos obstáculos a superar. La manifestación más grave de discriminación es la violencia. Y la erradicación de la violencia machista es un reto muy difícil de alcanzar. Existen otros retos, en el ámbito salarial, igualdad de oportunidades, en la proyección salarial, profesional, acceso a los puestos de trabajo. En las entrevistas de trabajo preguntan a las mujeres si están casadas, por los hijos que tienen y / o que quieren tener, mientras que estas preguntas no las hacen los hombres. Si se solucionara o, al menos, se facilitara el problema de la conciliación, esto mermaría la dificultad del acceso de la mujer al mundo laboral, ya que no hay co-responsabilidad en casa. Y esto repercute en el ámbito laboral, la conciliación y el acceso en condiciones de igualdad a los puestos de trabajo, y no sólo a los puestos de responsabilidad.

Por tanto, el camino consiste en seguir luchando mucho, trabajar y esforzarnos en ser independientes económicamente. Intentar desde que los niños son pequeños no caer en tópicos sexistas y sobre todo educar a nuestros hijos de forma igualitaria y en el respeto. Por otra parte, educar a los adolescentes para que no adopten ni permitan conductas de prepotencia, control o falta de respeto de los chicos en relación a las chicas, ni tampoco de subordinación ni sumisión en las chicas respecto a los primeros. Que no interpreten el control de la pareja como una forma de amor sino como algo de todo punto reprobable.

(P): El pasado día 2 se celebró en el Senado la II Conferencia Sectorial de Mujeres con Discapacidad que este año precisamente ha abordado las barreras de este grupo social para acceder a la Justicia. Según su experiencia profesional, como está siendo la incorporación de las mujeres con discapacidad a la carrera judicial?

(N.P.): La primera mujer que accedió a la carrera fiscal fue en 1977. En la Fiscalía de Barcelona, cuando llegó la primera Fiscal en 1982 no había aseos para mujeres y no estaba prevista la baja por maternidad para fiscales. Desde entonces, no ha habido ningún tipo de discriminación entre hombres y mujeres, ni profesional ni salarial. Sin embargo, la maternidad sí puede afectar a la proyección profesional de algunas jueces o fiscales.

Por otra parte, desde hace años hay un tanto por ciento de plazas para personas, hombres o mujeres, con discapacidad, aunque el porcentaje de plazas es reducido (sobre un 2%), por lo que, a veces, a algunas personas con discapacidad les conviene examinarse por el turno general. Aparte, está prevista la posibilidad de adaptación del examen a la discapacidad concreta de la persona que se examina (disponer de más tiempo, o ajustar los medios materiales, silla, micrófono ...). Conozco algunos casos de fiscales, mujeres, con discapacidad y se han incorporado con normalidad, aunque persisten las barreras arquitectónicas. Aparte, a nuestro trabajo deben acarrear aún expedientes voluminosos y pesados, por lo que necesitan una especial ayuda, obviamente los funcionarios y compañeros colaboran con normalidad, pero evidentemente es duro tener que pedir continuamente ayuda.

 

(P): En relación a la realidad que se encuentra en los juzgados, ¿cuál es la temática de los casos que llegan y como ha evolucionado (si lo ha hecho) en los últimos años?

(N.P.): A raíz de la Convención de Nueva York, la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo ha sido pionera en la justicia en la aplicación de los nuevos criterios de la Convención, se ha pasado de una concepción de la discapacidad médico-rehabilitadora a una concepción social. Y por el principio de unidad de actuación demás Fiscalías hemos cambiado absolutamente la concepción de la protección de los derechos de las personas con discapacidad, de tal manera que iniciamos muchos menos procedimientos de prediscapacitat desde Fiscalía que los que se incoa a la década de los 90.

Por ejemplo en 2008 se incoaron un total de 162 diligencias de discapacidad a la Fiscalía de Área de Sabadell, que comprende los partidos judiciales de Sabadell y Cerdanyola (hasta 2010 la incoación se llevaba desde la Fiscalía Provincial de Barcelona). En el año 2010 se incoaron 90 procedimientos. En 2013, por ejemplo 63. En 2014 pasaron de nuevo a 99, al ampliarse los casos de presentación de demanda en algunos supuestos en que los familiares no podían encargarse y el 2017 sólo hemos incoado 54. No siempre que nos llega información de una persona en situación de vulnerabilidad o discapacidad incoar un procedimiento desde Fiscalía. Evaluamos las causas y los motivos. A veces hay causas legales para iniciar un procedimiento de modificación de la capacidad, pero no hay motivo para que el apoyo en concreto que precisa la persona en situación de discapacidad se puede resolver de otro modo, no hay discapacidad judicialmente , por ejemplo, con la institución de la guarda de hecho, o con poderes notariales, o sencillamente, si la persona está bien atendida y cuidada y no estamos hablando de un patrimonio en riesgo, no presentaremos demanda de modificación de la capacidad. Como tampoco lo haremos desde Fiscalía cuando la persona tiene familiares legitimados para presentar la demanda, si estos no han claudicado, ni abusan patrimonialmente de la persona vulnerable. Y cuando presentamos demanda pedimos la medida de protección menos limitativa de derechos posible. Se ha generalizado la curatela en frente de la tutela. También intentamos utilizar la institución del asistente.

(P): Las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación: por ser mujeres y por tener una discapacidad. Si hablamos de violencia de género, hay que recordar que recientemente se han publicado los resultados de la Macro-encuesta de violencia contra la mujer de 2015 que incorpora por primera vez el estudio sobre la mujer con discapacidad acreditada del 33% o más, y se ha demostrado que, en cualquiera de sus formas, la violencia de género es más elevada en este colectivo. ¿Se había visibilizado antes este aspecto? ¿Qué deben hacer los poderes públicos y en particular el mundo de la judicatura para poner fin a esta doble discriminación?

(N.P.): Si que se había detectado, al igual que las mujeres adultas o menores con discapacidad tienen más posibilidades de sufrir abusos sexuales, sea del exterior o del entorno familiar o círculo de amigos o conocidos.

Los poderes públicos deben destinar más recursos a vencer esta doble discriminación y especialmente en el ámbito de la educación. Desde el ámbito judicial, se deben perseguir estas conductas, pero previamente se han de detectar y por ello se debe continuar con la especialización. No todos los partidos judiciales cuentan con especialistas y consecuentemente con personas sensibilizadas con la materia que puedan o quieran dedicar su tiempo a hacer aflorar esta violencia y, en especial, no sólo los casos puntuales sino la actitud de dominación / sumisión, la violencia física o psíquica habitual, etc. Se debe profundizar en los juzgados especializados, y no sólo de violencia de género, sino de protección de las personas con discapacidad, materia que en su mayoría, en partidos judiciales pequeños se lleva junto con otros de civiles, con más complicación, por lo que los jueces dedican generalmente menos tiempo a asuntos relativos a personas con discapacidad cuando hablamos de juzgados mixtos o civiles sin especialización. Hay que hacer que los cursos de formación en la materia de especialización de los juzgados / fiscales sean obligatorios. En el ámbito de los fiscales hay reuniones anuales de especialistas para unificar criterios que son obligatorias a las que asisten los delegados o coordinadores y transmiten al resto la información.

Por otra parte, los poderes públicos deben dedicar recursos, aportaciones presupuestarias. Todas las medidas en la lucha contra la violencia de género deben incluir a los colectivos especialmente vulnerables, mujeres, menores, inmigrantes, mujeres con discapacidad, y finalmente mujeres mayores y especialmente las que se encuentran en situación de dependencia. Se debe luchar contra la doble vulnerabilidad, la doble discriminación. En relación a estos colectivos, las medidas, además de la perspectiva de género, deben prever estas especiales situaciones, si queremos que sean realmente eficaces.

La Fiscalía sí es plenamente consciente de estas dos condiciones de vulnerabilidad, género y discapacidad. Cualquier medida debe tener en cuenta esta doble vertiente. Hacen falta recursos sociales, facilitar el acceso de estas mujeres a la educación, a recursos sociales, una perspectiva más preventiva y de asistencia social que una respuesta penal. No todas las situaciones de discriminación desembocan en violencia. La actuación penal tendrá lugar cuando se ha producido un acto de violencia física o psíquica.

(P): Si abordamos la cuestión laboral, en España sólo tiene trabajo el 25% de mujeres con discapacidad, frente a un 55% de mujeres sin discapacidad que en el entorno europeo trabaja. Hace unos días la Fundación CERMI Mujeres y el CERMI denunciaron esta brecha salarial y pidieron que se activaran políticas de empleo para que se tomen consideración el doble enfoque del género y la discapacidad, y se aseguren los recursos para garantizar la empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Con estos datos sobre la mesa, ¿se es consciente de la doble discriminación de la mujer con discapacidad? ¿Cómo cree que habría que enfocarlo?

(N.P.): Recientemente se ha aprobado parlamentariamente destinar una cantidad de dinero muy importante en materia de violencia de género. Hay que luchar para que parte de este dinero se destine a políticas de empleo de mujeres con discapacidad maltratadas. Es una realidad y hay que trabajar para lograr la verdadera igualdad. En la jurisdicción laboral se están dando importantes pasos en la aplicación de la Convención de Nueva York en defensa del derecho de trabajo de las personas con discapacidad.

(P): Durante las últimas semanas hemos oído hablar mucho de la esterilización forzosa de las niñas y mujeres con discapacidad, una violación muy grave de sus derechos, gracias al informe presentado por la Fundación Cermi Mujeres "Poner fin a las esterilizaciones forzosas de mujeres y niñas con discapacidad". Este informe pone de manifiesto la vinculación estrecha que existe entre esta práctica y la privación de la capacidad jurídica. Qué medidas legales deben impulsar los Estados para promover el derecho de las mujeres a mantener el control sobre sus propios cuerpos y su sexualidad tal como recomienda la Fundación Cermi Mujeres?

(N.P.): La Convención de Nueva York establece que todos tienen derecho a decidir de forma autónoma donde quiere vivir, decidir si quiere vivir de forma independiente, así como el derecho a formar una familia y decidir cuántos hijos quiere tener. Por lo tanto, la discapacidad de una mujer o de un hombre no tiene que ir ligada a la esterilización a menos que lo consientan voluntariamente estas personas.

Cuando lo pide un tutor para que la persona tiene la capacidad modificada, hay que ver por qué lo pide el tutor, ya que a veces se debe a un exceso de paternalismo, o para evitar tener que hacer cargo de los hijos, etc., o simplemente prejuicios cuando estas personas comienzan a salido con otro, sin preocuparse por enseñarles cómo adoptar precauciones para evitar la gestación. Los procedimientos deben ser especialmente garantistas, con varios peritos y siempre informe del forense sobre la capacidad de la persona con discapacidad de poderse hacer cargo de la prole, con las ayudas necesarias y por encima de todo, intentar averiguar cuál es su voluntad y respetarla.

En los procedimientos encaminados a la autorización judicial para la esterilización de personas discapacitados y aborto, el dictamen del Fiscal emite a la luz del art. 23 de la Convención, el cual proclama el derecho de toda persona con discapacidad a contraer matrimonio, y fundar una familia, así como el derecho a mantener su fertilidad.

Accesibilidad e inclusión

(P): El pasado diciembre, en colaboración con el Consejo de la Abogacía Catalana celebramos unas jornadas para tratar cómo se puede abordar el incumplimiento de la ley de accesibilidad, según la cual el pasado 4 de diciembre de 2017 todos los productos, bienes, entornos y servicios debían ser accesibles para todos. ¿Por qué cree que, vencido el plazo esta ley se incumple sin que haya consecuencias?

(N.P.): El año 2013 pedí del Departamento de Justicia que informara si el edificio judicial de Sabadell era accesible y recibí una llamada de la Secretaría General de entonces preguntándome si todas las Fiscalías de Área le harían lo mismo requerimiento. Y no hicieron el informe. Lo volví a requerir por dos veces y cinco años más tarde no se me ha contestado. Evidentemente el edificio judicial de Sabadell no es accesible.

La falta de accesibilidad es una cuestión de índole administrativo, la única forma de luchar es la reclamación individual del cumplimiento de los derechos. La Fiscalía no está legitimada para interponer estas demandas. Podemos poner de manifiesto estos incumplimientos a través de los Jueces decanos y de nuestros superiores jerárquicos. O también indicar a los responsables administrativos de los edificios, pero no es una cuestión penal. Los poderes públicos están suficientemente concienciados pero cuando tienen que gastar dinero, se niegan.

(P): En este sentido, ¿qué piensa que podría hacer la Fiscalía para conseguir que se cumpla la ley?

(N.P.): Ponerlo en conocimiento de las autoridades para que se persigan administrativamente estas conductas.

(P): Para avanzar positivamente en la aplicación de la legislación es necesario impulsar un cambio cultural basado en el paradigma del diseño universal, que dirija sus acciones al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para todos, no sólo para personas con discapacidad. Se trata en definitiva de conseguir nada menos que la accesibilidad universal, como piensa que tenemos que hacer este cambio?

(N.P.): Creo que no es desde la Fiscalía, ya que no estamos hablando de delitos, sino desde las administraciones, con expedientes administrativos y fuertes multas es como se deberían cambiar las mentalidades. Al mismo tiempo subvencionar desde la Administración a los particulares para que adapten los edificios, cuando hablamos de edificios privados.

En casos concretos la Fiscalía puede actuar, no en general. Los particulares pueden actuar vía administrativa como colectivo, a través de asociaciones. La Fiscalía actuará dentro de los procedimientos y por las vías jurisdiccionales, conforme el Estatuto Orgánico Ministerio Fiscal.

(P): El pasado mes de octubre, la Fiscalía General del Estado y CERMI firmaron un nuevo convenio para avanzar en la igualdad de derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué valoración hace de las políticas encaminadas a la inclusión social de las personas con discapacidad?

(N.P.): Muy positiva, obviamente.

(P): ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de este convenio en defensa de la igualdad de derechos de las personas con discapacidad?

(N.P.): Consiste en la colaboración en el área de información sobre estudios y sobre materias relacionadas con la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Colaboración en la formación de Fiscales en esta materia y comunicación de casos. Información sobre Tratados internacionales. Recibir denuncias sobre vulneración de derechos que constituyan delitos o vulneración de derechos fundamentales, así como información a qué administración deben dirigirse. En definitiva, tener un vínculo de comunicación.

(P): ¿Qué mejoras podrá aportar este instrumento a la labor del conjunto de las fiscalías?

(N.P.): Un mayor conocimiento entre todos los estamentos implicados en la materia.

 

Derechos

(P): Recientemente se ha aprobado la reforma de la Ley del Tribunal del Jurado para incorporar el artículo 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad según el cual, las personas con discapacidad ya pueden formar parte de un jurado popular. Parece que se camine muy lento, ya que la Convención entró en vigor en España en 2008 y hemos necesitado 10 años para corregir esta discriminación...

(N.P.): Cierto, pero al menos se va avanzando, aunque no con la rapidez que todos desearíamos.

(P): Otra discriminación es la falta de reconocimiento del derecho al voto de todas las personas con discapacidad. El Cermi ha exigido al Congreso que otorgue el derecho de sufragio, activo y pasivo, a las casi 100.000 personas que no lo tienen reconocido por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo, ya que se trata de una grave violación de los derechos humanos que persiste en nuestro derecho público. Cuando piensa que podrá estar lista esta reforma?

(N.P.): Se está elaborando una modificación legislativa para garantizar el derecho de voto. Yo creo que pronto. La Fiscalía de Área de Sabadell es muy activa en la defensa del derecho de voto de las personas con discapacidad. En las demandas y contestación a las demandas no pide nunca la privación del derecho de voto. Ya que el procedimiento de modificación de la capacidad no está orientado a privar de derechos, sino a apoyar a estas personas en el ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, recurrir las sentencias donde se priva del derecho de sufragio activo (cada vez son menos) y también incoa diligencias pre-procesales encaminadas a la recuperación de la capacidad de las personas que resultaron discapacitadas judicialmente con criterios anteriores, así como por la recuperación del derecho de voto.

(P): Para terminar esta entrevista, ¿en qué aspectos piensa que hay que trabajar más intensamente y más urgentemente para cambiar todas estas realidades que hemos mencionado?

(N.P.): Sensibilización por parte de la sociedad en general y educación desde la infancia.