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En España, según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD-2008) existen 60.400 niños y niñas con limitaciones en edades comprendidas entre 0 y 5 años. Entre los menores de 6 a 15 años, 78.300 tienen algún tipo de discapacidad, y entre los jóvenes de 16 a 18 años no hay datos desglosados. Estas últimas cifras las recoge Unicef en su ‘Estudio sobre la situación de los niños y niñas con discapacidad en España´, donde también indica que las cifras podrían ser superiores y llegar hasta los 170.000, en torno a un 2% de la población de 0 a 18 años.

En términos generales todos los niños y niñas, sin ningún tipo de exclusión, deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones, pero en la práctica, los niños y niñas con discapacidad están expuestos a mayores dificultades.

Estas dificultades dificultades tienden a ser mayores en función del grado de discapacidad, si tienen movilidad reducida, por ejemplo; el nivel socioeconómico familiar también grabará el nivel de dificultad y por último el nivel de servicios existentes en su entorno geográfico también puede ser un agravante.

Sin embargo, tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad manifiesta que los niños y niñas con discapacidad han de poder ejercer sus derechos igual que el resto de niños y niñas sin discapacidad. Estos derechos son los referentes a la educación, a la inclusión social, al descanso y el ocio, al juego y las actividades recreativas propias de su edad o a la protección frente a la violencia, el abuso y el abandono, entre otros.

Por ello, en este artículo repasamos cómo se materializa en la práctica el acceso a tres derechos básicos en la vida cotidiana de cualquier niño o niña con discapacidad, reconocidos por las dos convenciones citadas y de obligado cumplimiento por parte de los Estados que las han firmado.

El derecho a la educación

En educación, la Ley Orgánica 2/2006, establece que los centros educativos existentes que no reúnan las condiciones de accesibilidad exigidas en esta materia, deben adecuarse con el fin de que los centros educativos sean accesibles para los niños y niñas con discapacidad.

En materia educativa, además de facilitar el acceso y movilidad en los colegios, aún debe avanzarse en la adaptación de recursos materiales y didácticos para los niños y niñas con discapacidad; también es vital la formación del profesorado ordinario y de educación especial en el desarrollo y la coordinación del currículum a lo largo del periodo educativo tanto en primaria como en la educación secundaria. Finalmente, la disposición de recursos técnicos y humanos suficientes es la base para garantizar la igualdad de oportunidades de la infancia con discapacidad a través de la educación inclusiva.

Además hay que tener en cuenta que sólo el acceso en edades tempranas al sistema educativo inclusivo, junto con el apoyo adecuado a las circunstancias individuales de cada alumno, permitirá que niños y niñas con discapacidad puedan desarrollar todo su potencial y prepararse para la madurez.

El derecho al ocio

En el ámbito del ocio, los niños y niñas necesitan espacios de juego, y parques infantiles en sus municipios donde compartir su tiempo sin importar cuáles sean sus capacidades y en el que aprendan a vivir en igualdad, sin que las diferencias sean un obstáculo.

Desde esta perspectiva, el Defensor del Pueblo en su estudio de 2015 “Seguridad y Accesibilidad de las Áreas de Juego Infantil”, detecta un generalizado déficit de accesibilidad y afirma que todas las administraciones concernidas, en virtud de sus competencias y desde el momento en que han asumido compromisos en materia de protección de la infancia y de integración de las personas con discapacidad, han de adoptar medidas para garantizarlo.

El derecho a la libre movilidad

Otro aspecto a revisar para mejorar la calidad de vida de los menores con discapacidad es la accesibilidad de los servicios que concurren en la vía pública, siendo indispensable la eliminación de las barreras de todo tipo -física, comunicativas, cognitivas y sociales- para garantizar el derecho a la movilidad de todas las personas. De entre estos servicios, una pieza fundamental es el transporte público. Los trenes de cercanías y los autobuses urbanos son los transportes públicos más utilizados por menores y adultos.

En el caso de los trenes de cercanías, una de las principales barreras para los niños y niñas con discapacidad que se desplazan en silla de ruedas es la diferencia de altura y distancia entre el andén y el piso de los trenes.

Respecto al transporte público por carretera, según un estudio de la Fundación ONCE, el transporte interurbano de pasajeros por carretera es el sector menos evolucionado en relación con la aplicación de la accesibilidad universal. Los menores con discapacidad o sus acompañantes tienen problemas para subir, validar el título o billete del viaje, desplazarse y descender del autobús. En cuanto a las dificultades sensoriales, la comunicación es fundamental en el transporte, donde en ocasiones la señalización o la información individualizada no existe.

Con todo lo expuesto, el objetivo es conseguir que tanto las dos convenciones citadas anteriormente, como la Estrategia Europea 2020 sobre Discapacidad, la Constitución y la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social se cumplan para garantizar a los niños y niñas con discapacidad el derecho a una vida plena.